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La infraestructura vial es el conjunto de elementos, dotaciones o servicios que se necesitan para conectar de manera terrestre un lugar con otro. Se espera que dicha infraestructura permita el desplazamiento de personas, de bienes y servicios de manera segura y confortable, así como también que garantice las actividades productivas que promueven el desarrollo económico del país.
La
Ley 1682 de 2013, por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte, en su artículo segundo dispone que la infraestructura de transporte además de permitir el traslado, asegura “el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.”
El desarrollo de la infraestructura de carreteras en Colombia se hace de dos maneras: por medio de obra pública o a través de programas de concesión vial. Así mismo, las vías se clasifican según su funcionalidad en redes: primarias (a cargo de la Nación), secundarias (de competencia de los departamentos - Gobernaciones) y terciarias (de responsabilidad de los municipios - Alcaldías).
La Ley 1682 de 2013 indica que si en uno de los proyectos de la Nación se necesita intervenir la red secundaria o terciaria, se debe suscribir un convenio de colaboración y coordinación con la entidad territorial correspondiente, para establecer las responsabilidades de cada una de las partes en la ejecución de las actividades del proyecto
(artículo 10).
A nivel nacional, las entidades responsables del desarrollo de la
infraestructura vial
son el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS- y la Agencia Nacional de Infraestructura -
ANI-, ambas entidades adscritas al Ministerio de Transporte. Al INVIAS le corresponde ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte (carretero, férreo, fluvial y marítimo) con el fin de solucionar las necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad, con tecnología sostenible de manera que contribuya a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.
Por otra parte, la ANI debe “planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.”
En noviembre del 2020 el Consejo Nacional de Política Económica y Social -CONPES- aprobó la declaratoria de la importancia estratégica del “Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación visión 2030” por medio del CONPES 4010, en donde se autorizaron las vigencias presupuestales futuras que aseguran los recursos para estos proyectos hasta el año 2030.
El programa pretende mejorar el diseño y especificaciones técnicas de 22 corredores viales, de los cuales 19 corresponden a vías nacionales y 3 a regionales, todos importantes para la reactivación económica y la promoción de la legalidad del país.
Se trata de la intervención de 1.279 kilómetros de vías en 18 departamentos, con una inversión total de 9,2 billones de pesos y que ayudarán a generar 330.000 empleos (Para ver otros beneficios del programa
haga click aquí).
Con la ejecución de cada uno de los proyectos que hacen parte de este programa, se espera reducir los tiempos de recorrido, el costo del transporte de pasajeros y de carga, así como también mejorar la competitividad de los empresarios y productores que desarrollan su actividad en el área de influencia de las vías intervenidas. Estos objetivos atienden los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022): Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad, que incluye un Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional.
El CONPES 4010 también tuvo en cuenta la situación provocada por la pandemia del COVID-19, que evidenció “la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción nacional” y también incluyó proyectos de mejoramiento y ampliación de
infraestructura vial
gestados en gobiernos anteriores, tales como, las Autopistas de la Prosperidad del programa de concesiones de cuarta generación (4G), el Pacto Territorial Bicentenario y el Plan Maestro de Transporte Intermodal.
El Ministerio de Transporte y el INVIAS identificaron y agregaron al programa, tramos o estructuras pendientes para la conexión de corredores estratégicos que estuvieran dentro de los compromisos vigentes de la Nación, así como otros proyectos de la red vial no concesionada que aún no estuvieran pavimentados y que hubieran sido priorizadas en uno o varios programas de conectividad transversal.
El Plan de Desarrollo 2018-2022, además dispone la necesidad de establecer lineamientos técnicos que incluyan el análisis de riesgos climáticos y criterios para la adopción en el diseño y construcción de infraestructura de transporte, que contemplen un crecimiento sostenible e incluyente.
En concordancia con lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió unos lineamientos de Infraestructura Vial Verde, que contemplan elementos ambientales, sociales, tecnológicos y de ingeniería. Los anteriores lineamientos deben ser tenidos en cuenta en los proyectos que harán parte del “Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, visión 2030”, destacándose de manera especial los ubicados en la región amazónica y demás zonas ambientalmente sensibles.
En el punto No. 1 del Acuerdo de Paz con las FARC firmado en 2016 (“Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”) se establece que el objetivo central de los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial -PDET-, es la superación de la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural, así como la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. De acuerdo con lo anterior, el acuerdo aclara que la superación de la pobreza en el campo se logra no solo con el aumento de ingresos sino asegurando el acceso adecuado a bienes y servicios públicos. Ese acceso está en gran medida determinado por el desarrollo de la infraestructura vial. Por este motivo el punto 1.3.1.1 dispone que el Gobierno Nacional debe crear un plan Nacional de Vías Terciarias con el fin de lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados, así como incidir favorablemente en el precio de los alimentos y mejorar el ingreso de la población campesina. (Acuerdo de Paz, pág. 24) En junio de 2020 el INVIAS gestionó ante el OCAD PAZ la aprobación de los recursos para la intervención de 866 kilómetros de vías terciarias en 68 municipios PDET que permiten la suscripción de convenios por un valor de $ 86.183 millones (ver). Este proyecto implica la adjudicación de 17 interventorías por un valor de $9.116 millones y la adjudicación de un contrato de consultoría para realizar la caracterización vial de 1.594 kilómetros.
A su vez, en el CONPES 4010 se verificó el impacto de los proyectos en regiones afectadas por economías ilegales, presencia de cultivos ilícitos y los efectos de la violencia. De esta manera 7 de las 16 subregiones de municipios vinculados a PDET están directamente beneficiadas por el Programa de Vías para la Legalidad y la reactivación.
De acuerdo con todo lo anterior, en los proyectos de
infraestructura vial
del Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación se requerirá asesoría para su planeación, ejecución y culminación. Así mismo, es de vital importancia un adecuado monitoreo y control de las actividades de diseño, construcción y cumplimiento de especificaciones técnicas, que asegure el ceñirse al presupuesto, las condiciones de calidad, responder a las incertidumbres del proyecto, manejar los cambios y alinear a los diversos grupos interesados con los objetivos del proyecto. Finalmente, también se precisará la articulación entre varias entidades y actores.
VQ Ingeniería cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para ofrecer las siguientes soluciones de consultoría durante las etapas de planeación, ejecución y cierre de proyectos de
infraestructura vial:
VQ Ingeniería ha tenido la posibilidad de participar en el desarrollo de proyectos de
infraestructura vial del Gobierno Nacional, tanto con el INVIAS como con la ANI. De esos proyectos es preciso resaltar los siguientes:
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VQ proyectos de Infraestructura vial en Colombia